El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la reclasificación de la marihuana con fines medicinales a una categoría de menor riesgo, en una medida que busca facilitar la investigación científica y ampliar su uso terapéutico, aunque el consumo recreativo continuará siendo ilegal a nivel federal.
El fiscal general interino, Todd Blanche, informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ejecutó la reclasificación inmediata del cannabis aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos y de aquel autorizado por regulaciones estatales.
Con esta decisión, la marihuana pasa de la categoría I —reservada para sustancias sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso, como la heroína— a la categoría III, donde se ubican drogas con menor nivel de restricción, entre ellas la ketamina. Este cambio representa un giro significativo en la política federal sobre el cannabis.
De acuerdo con Blanche, la medida responde a una estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, quien en diciembre pasado firmó una orden ejecutiva para flexibilizar las limitaciones sobre el uso médico de esta sustancia.
El funcionario también adelantó que el gobierno prevé realizar una audiencia acelerada en los próximos meses, posiblemente en junio, con el objetivo de evaluar una reclasificación más amplia del cannabis en su totalidad.
Autoridades estadounidenses sostienen que este ajuste permitirá desarrollar estudios más rigurosos sobre la seguridad y eficacia de la marihuana, al tiempo que facilitará el acceso de pacientes a tratamientos alternativos y dará a los médicos mayores herramientas para la toma de decisiones clínicas.
Actualmente, el uso recreativo del cannabis es legal en 24 estados y en Washington D.C., pero sigue prohibido a nivel federal, lo que ha generado un marco legal fragmentado en el país.
La política de la administración también ha puesto énfasis en la investigación de nuevas terapias para enfermedades graves. En ese contexto, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha promovido iniciativas para estudiar sustancias como el LSD, la psilocibina y la ibogaína como posibles tratamientos para trastornos mentales severos y depresión.
Como parte de estos esfuerzos, el gobierno contempla destinar alrededor de 50 millones de dólares, provenientes de fondos existentes del sector salud, para apoyar a los estados que desarrollen programas basados en el uso controlado de psicodélicos con fines médicos.
